Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía

El Pasado Ausente

JOSÉ MARÍA ROMERO CALERO
EL PAÍS - 08-06-2006

José María Romero Calero es comisario de la Junta de Andalucía para
la recuperación de la Memoria Histórica

"El auditor estima que se proceda a quitar la pena de muerte
impuesta por consejo de guerra al no existir una acusación directa,
existiendo sólo la prueba de rumor público". Trascripción literal de
la nota que aparece en la sentencia que condena a muerte en
septiembre de 1944 a Juan Pérez Domínguez como "autor de un delito
consumado de adhesión a la rebelión militar". La petición del Auditor
no fue tenida en cuenta y el señor Pérez Domínguez fue ejecutado en
diciembre de ese mismo año 70 años después, Rosario su hija quiere
trasladar los restos de su padre desde el antiguo cementerio de Cádiz
al de Setenil para que descanse junto a los suyos, en el pueblo que
le vio nacer. ¿Quiere Rosario abrir viejas heridas?, ¿o lo que
verdaderamente anhela es cerrar definitivamente una herida que ha
sufrido en silencio su familia durante todos estos años?

Antonio García López era, en 1936, concejal del pueblo sevillano de
Guillena. En agosto de ese mismo año fue asesinado en un antiguo
camino del término municipal de El Ronquillo y su cuerpo arrojado a
una cuneta. Su hijo Antonio García Fernández, nacido en 1916 fue
sacado de su domicilio y trasladado a la Prisión de Sevilla en esas
mismas fechas, nunca más se ha sabido de él. Ahora Manuel García
Fernández, hombre ya mayor cuyo propio fin barrunta no muy lejano,
hijo y hermano de los citados, desea más que nada en el mundo
recuperar los restos de su padre y esclarecer en la medida de lo
posible los hechos relacionados con la "desaparición" de su hermano.
¿Con el fin de abrir viejas heridas?.

Francisco Espinosa, hijo de un fusilado en el antiguo cementerio de
San Rafael de Málaga, donde se estima que en cuatro fosas comunes
reposan los restos de centenares de personas, ejemplo de luchador por
la Recuperación de la Memoria y empeñado en la dignificación de esos
enterramientos, ¿quiere abrir viejas heridas?

Cuantas y cuantos Rosarios, Antonios, Franciscos quedan todavía a lo
largo y a lo ancho de España.

Dice el filosofo Reyes Mate que existen dos clases de pasado: "El
pasado que se hace presente a través de la historia, y el pasado
ausente que pervive en la memoria". Un pueblo sano que construye su
convivencia sobre sólidos pilares de democracia, justicia y libertad
tiene que incorporar ese pasado ausente a la Historia. Y tiene que
hacerlo con toda normalidad democrática. Es un compromiso con las
victimas, con sus familias, pero sobre todo, es un compromiso con
nosotros mismos.

El Estado español, sus instituciones, se ha distinguido por la
exigencia de esclarecimientos de los hechos ocurridos durante las
sangrientas dictaduras que asolaron a países hermanos en América
Latina. En nuestro propio país, en torno a 40.000 personas
permanecen "desaparecidas" ejecutadas por lo que hoy consideraríamos
grupos paramilitares sin haber sido sometidas ni siquiera a
procedimiento judicial alguno. Es cierto que estos hechos ocurrieron
hace 70 años, pero ¿qué son 70 años en términos de periodo histórico?

Lo que hemos dado en llamar la recuperación de la Memoria Histórica
es sobre todo una exigencia de Justicia Moral. La justicia, también
en palabras de Reyes Mate, que traspasa la exigencia de culpabilidad
y que reivindica la dignidad de las victimas.

Las consecuencias últimas de una guerra civil, necesitan cien años
para ser superadas, dice José Saramago. Es cierto que victimas,
asociando al concepto de victima el de inocencia, hubo en los dos
bandos enfrentados, pero con una clara diferencia. Mientras el bando
vencedor reivindicó inmediatamente a sus muertos, en la mayoría de
los casos reparó a las familias e instruyó incluso "la causa
general", de muchas de las victimas de los vencidos ni siquiera se
sabe todavía donde reposan sus restos y sus familias han sufrido en
silencio el oprobio y la mentira.

Paz, Piedad y Perdón decía Manuel Azaña en plena Guerra Civil.
Reconciliación Nacional decían los partidos de izquierda en las
postrimerías del franquismo. Ni lo uno ni lo otro es posible sobre el
olvido.

Los "desaparecidos", los ejecutados en aplicación de sentencias
infames, los asesinados en los campos nazis, los guerrilleros tantas
veces vilipendiados, las victimas de la represión en las cárceles y
en los campos de trabajo de la dictadura, el exilio, necesitan una
Ley de Memoria. Una Ley con mayúsculas. Una Ley que llegue hasta el
final en lo concerniente a la dignidad y la reparación a las víctimas.

Nadie con más empeño que las asociaciones para la recuperación de la
Memoria y las propias familias de las victimas, desearían que esta
fuera una Ley de consenso. Sin embargo la ausencia de consenso no
puede en modo alguno justificar la no presentación de la
correspondiente iniciativa parlamentaria o, peor aún, elaborar en
aras del consenso una norma insuficiente.

El Gobierno que ha tenido la valentía de promover normas que
equiparan los derechos civiles de toda la ciudadanía española, que
impulsa reformas que están modernizando a fondo el Estado de las
Autonomías -leyes, por cierto, en las que la ausencia de un consenso
total no ha imposibilitado su tramitación y aprobación- tiene que
asumir ahora la iniciativa del Proyecto de Ley de Memoria.

Las resoluciones del Consejo de Europa, los informes de Amnistía
Internacional, las resoluciones de organismos de derechos humanos y
sobre todo la necesidad de incorporar a la hstoria el "pasado
ausente" exigen una Ley que ayude a nuestro pueblo a pasar página si,
pero a pasar página con dignidad.